El director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, Roberto Santana, afirmó que la decisión de mantener separados a los imputados del caso Senasa dentro del sistema penitenciario responde exclusivamente a criterios de seguridad y prevención de riesgos, ante el perfil de los acusados y el contexto social que rodea el proceso judicial.
Santana se refirió al tema después de que el juez Rigoberto Sena impusiera 18 meses de prisión preventiva al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados, acusados de integrar un presunto entramado de corrupción administrativa que, según el Ministerio Público, habría provocado un perjuicio superior a los RD$15,000 millones a la ARS estatal.
Al explicar la lógica detrás de las decisiones penitenciarias, Santana sostuvo que trasladar a los imputados a un régimen ordinario, compartiendo espacios comunes con la población general, habría supuesto un riesgo directo para su integridad física.
“Los presos dicen que si se los llevo allá los picotean”, expresó, aludiendo a las tensiones existentes dentro de los centros de reclusión y al rechazo que generan ciertos perfiles de imputados entre la población carcelaria.
Las declaraciones de Roberto Santana fueron emitidas el viernes entrevistado por Diariodelpaís.com
Indicó que, ante ese escenario, se optó por ubicarlos en un entorno donde pudieran permanecer seguros, aunque bajo las mismas condiciones de privación de libertad que el resto de los internos.
Precisó que no comparten áreas comunes como comedores ni rutinas diarias con los cientos de privados de libertad alojados en esos recintos.
Santana explicó que Najayo Hombres, centro designado por el tribunal para cumplir la medida de coerción, no solo presenta limitaciones de espacio, sino que además obliga a una convivencia directa con una población penitenciaria numerosa, lo que habría incrementado el riesgo.
A su juicio, cualquier incidente grave habría generado una responsabilidad institucional mayor. “Después hay que darle una respuesta al país de por qué mataron a una de esas personas, y entonces el culpable es el sistema”, señaló.
Situación procesal y reacciones de las partes
El exfuncionario subrayó que las decisiones adoptadas no constituyen privilegios, sino medidas preventivas para evitar hechos de violencia dentro del sistema penitenciario, tomando en cuenta el impacto público del caso y la situación de seguridad existente en los centros de reclusión.
El contexto de estas declaraciones se produce mientras siete de los diez imputados cumplen prisión preventiva —seis en Najayo Hombres y una en Najayo Mujeres— y otros tres enfrentan medidas menos gravosas tras admitir haber recibido sobornos y colaborar con la investigación. El tribunal declaró el proceso como caso complejo.
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