Las democracias no suelen colapsar de golpe. Se erosionan lentamente, casi en silencio, cuando el Estado deja de cumplir su función esencial. No fracasan por exceso de debate, sino por la persistencia de un Estado que promete derechos, pero no logra convertirlos en experiencia cotidiana. Un Estado que existe, pero no siempre funciona.
Esa intuición fue formulada con notable lucidez por José Ortega y Gasset, al reflexionar sobre las crisis políticas del siglo XX. Ortega entendió que la democracia no se sostiene por proclamación moral ni por acumulación de normas, sino por algo más exigente: la capacidad real del Estado para cumplir su función histórica. Cuando el Estado deja de funcionar, la democracia no desaparece de inmediato, pero comienza a vaciarse —peligrosamente— por dentro.
Ortega no desconfiaba de la democracia; desconfiaba del Estado ineficaz. Advertía que cuando las instituciones pierden sentido operativo, el poder se vuelve gesto, la política se vuelve ruido y la ciudadanía —huérfana de resultados— empieza a desconectarse.
En ese punto, la democracia puede seguir existiendo formalmente, pero deja de gobernar la vida real de la gente.
La importancia de un Estado eficiente
Ese diagnóstico dialoga hoy con una verdad que resulta cada vez más evidente: la eficiencia del Estado no es una cuestión técnica, sino un deber ético y constitucional. No se trata de administrar mejor por obsesión gerencial, ni de reducir o expandir el Estado por reflejo ideológico.
- Se trata de algo más elemental y más humano: cuando un servicio público no funciona, no falla un sistema abstracto; falla un derecho concreto.
Ahí se recuerda el sentido del Estado que Funciona para la Gente. No como consigna política, sino como criterio de responsabilidad pública. Porque los derechos no se realizan en discursos ni en documentos bien redactados, sino en procedimientos que avanzan, decisiones que se cumplen y servicios que llegan a tiempo.
- Un Estado que no ejecuta con eficacia no solo es ineficiente: erosiona la confianza, que es el verdadero capital de toda democracia.
Ortega advertía también contra una ilusión persistente: creer que la democracia se sostiene únicamente sobre la voluntad de las mayorías. Sin instituciones que funcionen, sin reglas que se apliquen y sin administración competente, la voluntad se diluye. Dicho con claridad: sin Estado funcional, la democracia se vuelve retórica.
La disyuntiva del Estado actual
Por eso, la pregunta decisiva de nuestro tiempo no es si necesitamos más o menos Estado, sino mejor Estado.
Un Estado que gaste mejor, decida mejor y sirva mejor. Un Estado que entienda que cada trámite que no avanza, cada política que no llega y cada servicio que falla, debilita algo más profundo que un indicador: la confianza ciudadana en la vida pública.
Hay, además, una coincidencia esencial entre Ortega y una visión contemporánea del poder responsable: la dimensión pedagógica del Estado. Un Estado que funciona educa con su ejemplo; uno que improvisa, deseduca. Cuando los derechos se gestionan con seriedad, la ciudadanía aprende que la Constitución no es un texto lejano, sino una promesa posible.
Hoy, como ayer, la disyuntiva sigue siendo la misma: o el Estado convierte los derechos en gestión, o la democracia se queda en promesa. Y en esa elección cotidiana —silenciosa, pero decisiva— se juega la confianza de la gente y la calidad de nuestra vida democrática.
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