Durante años, el pueblo venezolano ha sufrido la represión, el colapso económico, la migración forzada y la negación sistemática de sus derechos fundamentales. Su clamor por libertad y democracia es legítimo y merece el respaldo inequívoco de la comunidad internacional.
Recuerdo vivamente la noche del domingo 28 de julio de 2024, cuando se celebraban las elecciones presidenciales en Venezuela. Junto a mis constituyentes venezolanos y a muchos latinos, seguí el conteo de votos con esperanza, solo para presenciar, con indignación y dolor, cómo la dictadura se robaba las elecciones de manera descarada.
Aquellos comicios no fueron ni libres ni justos. Se realizaron en un contexto en el que el régimen de Nicolás Maduro controlaba todos los poderes del Estado y reprimía sistemáticamente a la oposición política.
Intervención militar de EE.UU. y sus implicaciones
Ante todos estos acontecimientos, como miembro de la Cámara de Representantes y presidente del Caucus Hispano del Congreso, debo subrayar que mi deber principal es con la Constitución de los Estados Unidos.
Aunque se haya alcanzado un desenlace que muchos celebraron —la captura del dictador Maduro—, con la mente fría y el sentido de responsabilidad que exige mi cargo, debo advertir que la reciente acción militar ordenada por el presidente Donald Trump en Venezuela constituye una grave violación de la Constitución, al haberse ejecutado sin la autorización ni la notificación previa al Congreso, tal como lo exige claramente nuestro sistema democrático.
Una vez más, el presidente Trump ha optado por ignorar la autoridad del Congreso y actuar de manera arbitraria, utilizando la fuerza militar como herramienta política.
Este comportamiento no solo es peligroso, sino que sienta un precedente alarmante que erosiona el equilibrio de poderes y debilita el Estado de derecho que juramos defender. El Congreso debe actuar con firmeza para impedir que cualquier presidente —sin importar su partido— arrastre a nuestro país a conflictos armados sin el debido control constitucional.
- Reconozco que, para millones de venezolanos, estos acontecimientos pueden interpretarse como el inicio del fin de una dictadura que ha causado un sufrimiento inconmensurable. Comprendo esa esperanza. Pero sería un error histórico que Estados Unidos se embarcara, una vez más, en una nueva guerra en el extranjero, sin un plan claro y sin el respaldo del pueblo estadounidense.
Tras escuchar al presidente y observar los acontecimientos de este fin de semana, me preocupa profundamente que esta Administración no cuente con una estrategia definida para el retorno de Venezuela a la democracia que no implique nuevas acciones militares ni una peligrosa escalada del caos.
La historia demuestra que las intervenciones armadas, aun cuando se presentan con discursos de liberación, con demasiada frecuencia terminan prolongando el sufrimiento de los pueblos que dicen ayudar.
Debemos rechazar categóricamente la idea de que Estados Unidos pueda o deba gobernar otro país. El pueblo venezolano debe gobernar Venezuela. Nuestro rol debe ser el de acompañar, facilitar soluciones diplomáticas, fortalecer la presión internacional multilateral y apoyar una transición democrática liderada por los propios venezolanos.
Esta convicción no surge del vacío. Hace varios años publiqué en la Harvard Journal on Legislation el ensayo titulado “Reparando los daños causados por las intervenciones militares ilícitas del pasado: el caso de la República Dominicana”.
En él examino cómo las ocupaciones y las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe durante el siglo XX violaron el derecho internacional, socavaron la soberanía de naciones hermanas y dejaron consecuencias profundas que aún persisten.
La República Dominicana —mi país de origen— conoce bien esas heridas. Las ocupaciones militares, los golpes de Estado y el respaldo a regímenes autoritarios con el de Trujillo no trajeron estabilidad ni democracia duradera; por el contrario, generaron traumas colectivos, autoritarismo y migraciones masivas. Estas lecciones históricas deben guiarnos hoy.
Por esa razón, reintroduje la Ley de la Comisión de las Ocupaciones Norteamericanas, una legislación histórica —la primera en el Congreso con nombre en español— que busca examinar con honestidad las consecuencias de esas intervenciones y recomendar vías de reparación, reconciliación y una disculpa formal. No se trata de reescribir la historia, sino de aprender de ella para no repetir los mismos errores.
Resulta particularmente preocupante que esta acción militar ocurra a pesar de que los estadounidenses se oponen de manera abrumadora a cualquier intervención armada en Venezuela. La decisión del presidente demuestra, una vez más, su desconexión con las verdaderas prioridades del pueblo: una economía más justa, empleos dignos y un sistema de salud asequible.
Todo esto sucede, además, mientras han expirado los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y el costo de la vida continúa haciendo que la vida sea inasequible para demasiadas familias trabajadoras.
Estados Unidos puede y debe apoyar la democracia en Venezuela, pero debe hacerlo de manera coherente con sus valores constitucionales, con el derecho internacional y con las lecciones de su propia historia. La paz, la diplomacia y el respeto a la autodeterminación no son signos de debilidad; son las bases de un liderazgo responsable.
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