La pastora Rossy Guzmán y el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, acusados en formar parte de un entramado de estafa al Estado, expusieron este jueves cómo han adquirido los bienes que poseen y que, según afirman, han logrado “trabajando duro” y sin recurrir a lo ilícito.
Al presentar su defensa ante las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Guzmán dijo que, gracias a la profesión del derecho y a los negocios, sus dos pasiones, posee ocho inmuebles, cuatro personales y cuatro de sus empresas, y que le ha ido bien, pero que en un principio pasó “la mil y una” junto a Núñez de Aza con quien empezó a trabajar en los inicios de su carrera.
Núñez, por su parte, sostuvo que las juezas deberán descargarlo porque depositó las pruebas de que su patrimonio es producto de su trayectoria como empresario, propietario de varias compañías incluso internacionales.
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Entre las empresas que dijo poseer son Randa Internacional Company E.I.R.L, CCNA Universo Empresarial y Aldom Glass Aluminium.
Mostró cobros y pagos de hasta más de 80 millones de pesos de impuestos por los servicios de sus empresas, por lo que su actividad económica, de acuerdo a sus declaraciones, no empezaron ni concluyeron con sus funciones como encargado financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cesep), una de las instituciones desde las que alegadamente se defraudó al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
Núñez de Aza afirmó que el dinero que se sustrajo del patrimonio público y que mencionan los fiscales no fue a parar a su cuenta y que eso lo ha demostrado al tribunal porque la trazabilidad del dinero deja rastros.
- «¿A dónde fue el dinero (ilícito)?, ¿quien lo recibió?, ¿quien lo convirtió en patrimonio? y en ese análisis yo sostengo que no se ha probado que ese flujo tenga como destino real mi patrimonio», indicó.
Hizo mención a una serie de transferencias de millones de pesos que fueron a parar a la cuenta del mayor del Ejército Raúl A. Girón Jiménez.
Girón Jiménez ha colaborado en la investigación del Ministerio Público, ha admitido su participación y también ha acusado a los demás imputados.
En su acusación, el Ministerio Público afirma que en cuentas del Banco de Reservas de Núñez de Aza “se pudo verificar» que mantuvo movimientos, desde el 2011 hasta el 2021, por un monto RD$243,652,823, de los cuales, solo RD$ 18,868,781 correspondían a pagos de nómina, mientras que RD$142,608,710 eran depósitos percibidos por personas físicas y jurídicas.
El pasado martes los acusados en el caso Coral y Coral 5-G, como se bautizó la investigación a los más de veinte militares y policías involucrados en el desfalco empezaron a hacer sus defensas en el juicio de fondo.
El órgano acusador imputa al exjefe del Cusep, Adán Cáceres, y al exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), general del Ejército Juan Carlos Torrres Robiou, de liderar la supuesta red. El martes hicieron sus defensas el general de brigada Boanerges Reyes Batista y el cabo policial Tanner Flete Guzmán, hijo de la pastora.
La “cacería”, según Rossy Guzmán
Al narrar cómo el Ministerio Público inició la investigación en su contra, la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez dijo que fue cuando se le trató de persuadir de que dijera que el proyecto Colinas del Oeste era propiedad de Adán Cáceres y respondió que era de Reyes Batista, del capitán de navío Franklin Mata Flores y del mayor general pensionado Elvis Marcelino Félix Pérez.
Dijo que es la propietaria de Inverosa S.R.L, y Único Real State e Inversiones, así como de ocho inmuebles, que ha adquirido con mucho trabajo en las áreas de préstamo de todo tipo, hipotecario, con garantía o sin garantía, venta de inmuebles y de vehículos, en la administración de locales y casas.
Entre los inmuebles que citó propiedad de su persona son un apartamento de Villa Aura, en Santo Domingo Oeste, un local en la avenida San Martín y dos terrenos, uno de ellos en San Pedro de Macorís y otro en La Vega. Mientras que Único Real State Inversiones, empresa de ella y de su hijo Tanner, posee otras cuatro, entre ellas el apartamento del Balcones del Atlántico, en Samaná, que dijo adquirió por 13.3 millones y que tenía alquilado Torres Robiou.
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“De la (prueba) 16 a la 18 hay diferentes cesiones de créditos. Estas cesiones de créditos consistían en que una empresa vendía a otra empresa por ejemplo un millón de pesos y yo le compraba la factura a esa empresa que vendió y me ganaba no solamente el gasto de cierre por esa cesión, sino también que me ganaba los intereses de esa sesión”, aseguró la pastora.
Agregó que incluso ente las pruebas que ha sometido para refutar la acusación en su contra, “están solamente unos pocos de los expedientes legales”, en los que ha trabajado y que en uno solo cobró de honorarios aproximadamente de 2 millones de pesos.
El Ministerio Público sindica a la empresa Único Real State e Inversiones, de Rossy Guzmán y su hijo Tanner Flete, de ser “utilizada por el entramado como testaferros, ya que a través de esta entidad se obtenían los bienes inmuebles para posteriormente traspasarlos a los acusados”, lo que rechazó la imputada.
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