El comercio ilícito de cigarrillos es el principal responsable de la reducción que registran las importaciones formales de ese producto en la República Dominicana, una problemática que desde la industria afirman ha reducido en casi un 62 % el mercado formal.
Así lo aseguró Andrés Espinal, director de asuntos públicos para Centroamérica y el Caribe de la multinacional Philips Morris, quien aseveró el impacto negativo que tiene sobre las recaudaciones fiscales el fenómeno.
“En 2019, los ingresos tributarios asociados al sector (cigarrillos) totalizaron alrededor de 3,922 millones de pesos, frente a los 4,470 millones registrados en 2012, a pesar de los incrementos impositivos introducidos con la reforma tributaria con la Ley 253-12 en 2013”, detalló Espinal.
Agregó que con esa evolución se confirma que, en contextos de alta penetración del contrabando, los aumentos de impuestos no necesariamente se traducen en mayores ingresos para el Estado.
Las declaraciones de la multinacional tabaquera se producen en respuesta a un artículo de Diario Libre donde se señala la caída, casi ininterrumpida, desde 2018 y hasta 2025 de un 56.9 % en las importaciones de cigarrillos, una reducción que también afectó las recaudaciones de impuestos.
De importarse 106.7 millones de cajetillas de cigarrillos entre enero y noviembre de 2018, la cifra cayó a 46 millones en similar período del año pasado, reflejando una reducción absoluta de 60.7 millones durante ese lapso.
“Desde 2019 se registró una disminución significativa en las importaciones legales de cigarrillos, coincidiendo con un fuerte crecimiento del mercado ilegal. Ese año, el comercio ilícito alcanzó aproximadamente el 49.4 % del mercado, es decir, 13.2 puntos porcentuales más que en 2018. Este fenómeno desplazó directamente al comercio formal, reduciendo los volúmenes importados y comercializados a través de canales legales”, reveló.
Entre enero y septiembre del año pasado, solo las autoridades del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) decomisaron más de 33.5 millones de unidades de cigarrillos, cifra superior a los 26.9 millones del producto que incautaron en igual período de 2024.
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El ejecutivo reconoció que las actuales autoridades asumieron la lucha contra el comercio ilícito como una prioridad, fortaleciendo los controles en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos; incorporando tecnología no intrusiva, trabajo de inteligencia y coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la Dirección General de Aduanas, el Ministerio Público, la Dirección General de Impuestos Internos y fuerzas de seguridad.
Aseguró que ese trabajo ha dado como resultado incautaciones históricas y la destrucción de decenas de millones de unidades de cigarrillos de contrabando en los últimos años, lo cual también ha contribuido a contener la expansión del mercado ilegal y a desacelerar la caída del volumen del mercado legal frente al ilícito.
La Mesa contra el Comercio Ilícito, en la cual participan las instituciones citadas, ha decomisado y destruido más de 177 millones de unidades de mercancías ilícitas, equivalentes a un monto aproximado de 8,500 millones de pesos dominicanos, según comunicó ayer el MICM.
Desafío persiste
Sin embargo, a pesar de los avances en la lucha contra los cigarrillos ilícitos, el director de asuntos públicos de Philips Morris señaló que el desafío persiste.
“En términos acumulados, el volumen del mercado formal se ha reducido en aproximadamente un 62 %, lo que explica la tendencia descendente que reflejan las estadísticas oficiales de importación”, explicó.
Sostuvo que por esa razón resulta clave mantener y profundizar el combate al comercio ilícito, con el objetivo de alcanzar en el futuro cercano un punto de inflexión en el que el contrabando, la pérdida de recaudación fiscal y la informalidad dejen de ser problemas estructurales y pasen a ser fenómenos residuales del pasado.
“Sostener un marco de control firme, coordinación público-privada y reglas claras será determinante para proteger el mercado formal, los ingresos del Estado y la competencia leal”, puntualizó Andrés Espinal.
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