El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una estrategia destinada a frenar lo que considera un uso inaceptable de los programas de asistencia social financiados por los contribuyentes estadounidenses.
Las visas de inmigrantes son aquellas destinadas a personas que tienen la intención de vivir en EE. UU., también son comunmente conocidas como visas de residencia.
Según explicó la institución, la medida busca garantizar que los nuevos inmigrantes no se conviertan en una carga pública ni “extraigan riqueza del pueblo estadounidense” mediante el acceso a beneficios sociales.
La pausa se mantendrá vigente hasta que el Gobierno pueda asegurar que los solicitantes de visas no dependerán del sistema de bienestar social tras su llegada al país.
Recientemente, el presidente Trump publicó en su red Truth Social, el listado de inmigrantes que más se benefician de la ayudas sociales de EE. UU., donde los de República Dominicana se encontraban entre los cinco primeros, detallando que un 68 % de los hogares dominicanos reciben algún tipo de ayuda. Además, República Dominicana es el segundo país del mundo donde más se procesan visas de inmigrante.
La suspensión afecta a decenas de naciones, entre ellas Somalia, Haití, Irán y Eritrea, cuyos inmigrantes —según el Departamento de Estado— suelen convertirse en beneficiarios de asistencia pública poco tiempo después de ingresar a Estados Unidos.
«La pausa afecta a decenas de países, incluidos Somalia, Haití, Irán y Eritrea, cuyos inmigrantes a menudo se convierten en cargas públicas para Estados Unidos al llegar», indicó el Departamento de Estado en un comunicado, al justificar la decisión.
- “Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense no siga siendo abusada”, continuó el comunicado.
Medida en el contexto de la carga pública
La medida se enmarca en los esfuerzos del Gobierno federal por reforzar los criterios de admisibilidad migratoria y aplicar con mayor rigor la normativa de “carga pública”, que permite negar visas a personas que probablemente dependan de ayudas gubernamentales.
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