Desde una oficina provisional en el Ensanche Serrallés, el Ministerio de Justicia comienza a tomar forma. Con un desglose en un tono casi didáctico, Antoliano Peralta, explicó a Diario Libre las complejidades del proceso de estructuración de esta nueva institución que deberá asumir aspectos neurálgicos del sistema judicial, incluyendo la necesidad de atender la deuda con las cárceles dominicanas.
“Nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero al Ministerio de Justicia, no descansaremos en el tiempo que permanezcamos ahí, hasta hacer todo lo que haya que hacer para humanizar el sistema penitenciario de la República Dominicana”, expresó Peralta.
Tradicionalmente, el sistema penitenciario ha sido sinónimo de precariedades en perjuicio de los internos, que en su mayoría están privados de libertad de manera preventiva, es decir, son personas que permanecen en prisión mientras esperan una sentencia definitiva sobre las imputaciones que enfrentan.
El nuevo ministro de Justicia —encargado de diseñar las políticas de esta red— destacó la necesidad de dignificar las condiciones carcelarias, sin perder de vista lo que representa una prisión.
“No podemos hacer de una cárcel un hotel. No, pero tampoco un lugar donde la gente viva con falta de dignidad”, dijo.
En opinión de Peralta, las bajas condiciones de estos espacios perpetúa conductas delictivas y limita la posibilidad de que los reclusos se reformen como se espera. En este sentido, resaltó que el Gobierno ha priorizado el mantenimiento del sistema penitenciario y ha intensificado la persecución de estructuras criminales que operan desde las cárceles.
Representación del Estado
Otra de las principales prioridades del Ministerio de Justicia será reforzar la representación del Estado en los procesos judiciales. Desde su juramentación como ministro, Peralta ha insistido en la necesidad de fortalecer la defensa estatal ante los tribunales.
Históricamente, el Estado dominicano ha sido afectado por demandas de montos millonarios que, en muchos casos, no han sido adecuadamente atendidas debido a la falta de organización institucional.
“El Estado dominicano ha sido históricamente desangrado con demandas interminables por montos insospechados, cuya atención no ha sido adecuada en todos los casos, debido a la falta de organización para ello”, manifestó.
Explicó que la competencia que asumirá el ministerio, permitirá una mejor organización y preparación para enfrentar los litigios contra el Estado.
Primeros pasos
La nueva institución absorberá las funciones del Poder Ejecutivo en materia de administración de justicia. En ese sentido, Peralta reveló que, desde su designación, ha estado enfocado en la estructuración del ministerio y en la conformación del capital humano que lo integrará.
Actualmente, el Ministerio opera en el Edificio Gubernamental Dr. Rafael Kasse Acta, ubicado en la avenida Gustavo Mejía Ricart esquina Agustín Lara, en el Ensanche Serrallés, donde también funcionan las oficinas del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).
Ya se cuenta con un equipo trabajando en la estructuración institucional, y se adelantó que los viceministros serán anunciados próximamente. Además evalúan dónde se establecerá la sede definitiva de la entidad.
Con un presupuesto de 4,175.7 millones de pesos, el funcionario estima que más de 3,000 millones se destinarán a las operaciones del sistema penitenciario, una de las áreas que más recursos demanda en la institución.
Ministerio de Justicia sobre permanencia en la CIDH
Como exconsultor Jurídico y ministro de Justicia, a Antoliano Peralta le concierne el debate sobre la vinculación de la República Dominicana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El funcionario aseguró que uno de sus primeros planteamientos como ministro tendrá que ver con ese tema, pero no quiso adelantar cuál será su posición.
“El Ministerio de Justicia oportunamente se va a pronunciar sobre ese tema. Es un asunto que nosotros debemos poner sobre la mesa y debe ser una de nuestras primeras iniciativas”, manifestó.
Peralta narró que en el año 2020 la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que él dirigía, reunió a un grupo de abogados para definir la posición del Gobierno al respecto en respuesta a una petición de la Cámara de Diputados.
Los legisladores habían aprobado una resolución para solicitar al presidente de la República definir el estatus jurídico de hecho y derecho de la nación dominicana en cuanto a su permanencia en la CIDH.
Peralta narró que llegaron a celebrar tres sesiones con abogados expertos en materia constitucional, pero “eso se quedó a medio camino y nunca hubo propuestas”.
“Algunos juristas muy conocidos dijeron que lo mejor era dejar eso como está, pero yo no quiero decirles a ustedes de manera conclusiva cuál es la posición del Ministerio, porque un ministerio es una institución colectiva que tiene equipos de trabajo, que se sientan, discuten los temas y sacan conclusiones. Un ministerio no es el ministro”, refirió el abogado.
El debate ha resurgido en la opinión pública a causa de una denuncia del Instituto Duartiano sobre supuestos planes para retornar al país a la jurisdicción de la CIDH, lo cual lo obligaría a cumplir sentencias que ordenaban otorgar la nacionalidad a hijos de extranjeros indocumentados.
Antoliano Peralta no está de acuerdo con pagar deudas por obras viejas que no han sido previamente incluidas en la planificación presupuestaria del Estado, como propone el Congreso con su proyecto de ley que autoriza el pago de deuda por obras ejecutadas sin contrato formal a pequeños contratistas.También sugirió que muchas de las más de 500 obras que incluye la pieza deben revisarse.
“Lo que yo creo es que hay que cumplir con las sentencias, pero que hay que organizarse e incluso hacer planes de pago y también definir cuáles son las deudas legítimas, porque hay algunas que son, obviamente, revisables”, opinó.
El Poder Ejecutivo devolvió el proyecto al Congreso con observaciones a sus 14 artículos varios días después de que Peralta abandonó su puesto en el Palacio Nacional. Sin embargo, en su nueva posición le corresponderá la defensa del Estado en tribunales y foros arbitrales.
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