La transformación digital ha generado una tensión creciente entre los marcos jurídicos tradicionales y las nuevas realidades tecnológicas del siglo XXI. Para el profesor titular de la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, William Gilles, especialista en derecho digital, esta brecha se explica porque el derecho y las administraciones públicas fueron concebidos entre la primera y la segunda Revolución Industrial, mientras que hoy el mundo transita por una cuarta Revolución Industrial marcada por la inteligencia artificial (IA), la informática cuántica y la gestión masiva de datos.
Desde su experiencia académica como director de los másteres en Derecho Digital y en Derecho de los Datos, Administración Digital y Datos Abiertos, el jurista sostiene que las normas deben evolucionar para incorporar tanto los beneficios del entorno digital -como las herramientas de democracia directa, el acceso a la información, la transparencia y la modernización del Estado- como los riesgos asociados, entre ellos la vulneración de datos personales y la proliferación de noticias falsas.
El experto subraya que el uso adecuado de lo digital es un factor clave de apertura y transparencia. La posibilidad de poner datos en línea a costos mínimos ha impulsado el paso de una cultura del secreto a una cultura de la transparencia. Sin embargo, advierte que la opacidad puede surgir cuando las reformas digitales se ejecutan sin reglas claras ni coherencia institucional, lo que refuerza la necesidad de formar a las generaciones actuales y futuras en estos desafíos.
Regular la inteligencia artificial
En el ámbito de la inteligencia artificial, destaca la decisión de la Unión Europea de regular esta tecnología para garantizar su compatibilidad con los derechos fundamentales. A su juicio, las primeras sanciones impuestas por la Comisión Europea demuestran la eficacia de este modelo regulatorio, que busca equilibrar innovación y protección de derechos.
Como presidente y fundador del IMODEV, red de investigación sobre buena gobernanza pública en la era digital, y exmiembro del mecanismo independiente de evaluación de la Open Government Partnership para Francia, el académico ha participado activamente en procesos de transparencia y reforma institucional. Su trayectoria incluye además funciones como jurista en el Consejo Constitucional Francés y como consultor experto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), aportando a la implementación de reformas clave en instituciones públicas.
Desde esa experiencia, insiste en que el desafío del derecho digital no es solo técnico, sino profundamente democrático: adaptar las normas para que la innovación tecnológica se convierta en una aliada de la transparencia, la buena gobernanza y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
Proyecto de Omar Fernández crearía nueva entidad que regule la inteligencia artificial en RD
Exmiembro del Independent Reporting Mechanism para Francia de la Open Government Partnership, también se desempeñó como jurista en el servicio jurídico del Consejo Constitucional Francés, y ha sido consultor experto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia y de la AFD, contribuyendo a la implementación de diversas reformas de las instituciones públicas.
Vino al país invitado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Iglobal), para ofrecer el seminario “El derecho en la era digital y la gobernanza abierta: desafíos y perspectivas globales”.
Fuente: Feed: Tecnologia