La literatura económica ha reconocido que el diseño y funcionamiento de las instituciones es un elemento determinante para garantizar el crecimiento económico de los países. Los profesores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, autores del libro “Por qué fracasan los países”, obtuvieron el Premio Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre cómo las instituciones se desarrollan y determinan la prosperidad de las naciones.
Bajo ese enfoque, el sistema de justicia ocupa un lugar central dentro del entorno institucional de los países, y la República Dominicana no es la excepción. El buen desempeño del sistema de justicia dominicano es necesario para incentivar nuevas inversiones privadas, tanto extranjeras como locales. Los tribunales tienen un rol vital en la protección del derecho de propiedad, el cumplimiento de los contratos y la defensa de los derechos de las personas que interactúan con la Administración pública.
Desde la máxima de Ulpiano, quien definió la justicia como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su propio derecho”, hasta el mandato constitucional de administrar justicia para decidir sobre los conflictos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, el sistema judicial se erige como la garantía institucional indispensable para controlar, ajustar y prevenir el adecuado funcionamiento de todas las organizaciones y entidades, tanto públicas como privadas, que interactúan en la sociedad dominicana.
Un sistema de justicia que decide los conflictos a tiempo y que aplica las normas de modo previsible y coherente, impacta significativamente en el crecimiento de la economía, ya que reduce la incertidumbre, fortalece la confianza y ofrece seguridad jurídica a los agentes económicos privados.
Estos objetivos solo pueden cumplirse si el Poder Judicial continúa implementando medidas eficaces para erradicar la mora judicial y reducir los tiempos de respuesta, a la vez que consolida la jurisprudencia casacional. Por esa razón, es importante seguir impulsando los procesos que han facilitado la agilización de la solución de los conflictos y de las respuestas a las solicitudes, así como ampliado los mecanismos de acceso a los expedientes y decisiones judiciales.
El Plan Justicia del Futuro 2034 persigue garantizar un sistema ágil, accesible y transparente. Las palabras del presidente Luis Abinader, sobre esta visión del Poder Judicial, resaltaron de forma precisa que “sin justicia confiable no hay desarrollo; sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible ni inversiones seguras ni democracia efectiva”.
Este plan ya ha identificado barreras normativas que deben ser abordadas con presteza. Se requieren reformas que permitan superar las ineficiencias generadas por una legislación diseñada a principios del siglo XX, como es el caso de la Ley de Organización Judicial de 1927. También resulta necesario trabajar en una nueva ley que establezca un régimen sancionador que brinde mayor celeridad ante las faltas éticas y la temeridad procesal de los abogados, contribuyendo a eliminar incentivos que alimentan los altos niveles de litigiosidad existentes y que afectan materias de gran impacto económico, como el ámbito laboral y el sector inmobiliario.
Una tarea pendiente para este 2026 es la aprobación de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que sustituiría la vigente legislación de 1947, a fin de mejorar y agilizar los procesos judiciales concebidos para el control de la legalidad y la responsabilidad ante las actuaciones administrativas de la Administración pública y sus funcionarios. Esta, y las demás reformas propias del Plan Justicia del Futuro 2034, representan objetivos importantes para mejorar el actual sistema de garantías con el que protegemos el adecuado funcionamiento de nuestras instituciones y, con ello, elevar nuestro clima de negocios y desarrollo económico.
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